[:es]El gobierno ha anunciado una serie de posibles cambios al sistema de pensiones. Algunos de ellos (en alguna de sus posibles formas) serían útiles y necesarios. Por otro lado, se celebra la disposición a discutir las propuestas ampliamente y de no intentar imponer una reforma tan importante de manera irreflexiva.
Quedará para los especialistas en macroeconomía pronunciarse sobre el impacto que tendrá el aumento de cotizaciones que, como muchos han notado, será de facto un impuesto al trabajo. Acá nos referimos específicamente a la conveniencia de una eventual incorporación de representantes de los afiliados a los directorios de las AFP.
Es muy cuestionable la conveniencia de esta medida. La administración de fondos de terceros es una actividad profesional compleja y especializada. Salvo el caso en que por cuenta de los trabajadores se escogiera a un especialista en inversiones (algo de por sí difícil de imaginar, ya además que dicho director no puede desempeñarse profesionalmente como experto en inversiones, porque tendría conflictos de intereses y la ley le impediría ser director de AFP), estos directores carecerán de los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar esta importante función.
A nuestro juicio, una debilidad del sistema de pensiones es precisamente su complejidad, aunque ésta sea difícil de evitar si se desea ofrecer cinco perfiles distintos en cuanto a riesgo y retorno. En un artículo en el Harvard Business Review, el premio Nobel Robert Merton [The Crisis in Retirement Savings, 2014] nos hace ver la naturaleza del problema con ejemplos brillantes: ¿Sería razonable que el cirujano nos pregunte sobre el tipo de sutura y el tipo de hilo que queremos para terminar una operación de hernia inguinal? Tampoco es un ejercicio fácil determinar cuáles son las mejores políticas de inversión, considerando que hay que estimar las pensiones futuras a partir de saldos, rentabilidades y aportes futuros y, además, que las rentabilidades serán inherentemente volátiles. El aporte técnico de un representante no especializado es muy cuestionable. La propia OECD ha reconocido las dificultades de una institución como ésta.
Por otro lado y considerando este mismo punto, sería difícil conciliar los intereses que deben cautelar los directores representantes de los accionistas de las AFP, que tienen los deberes de cuidado, lealtad y reserva, como cualquier director de sociedad anónima, con los intereses que supuestamente representarían el o los directores nombrados por los afiliados. Los conflictos de intereses son evidentes e incompatibles.
Por último, tampoco es claro que una medida como ésta logre generar una mayor confianza en el sistema por parte de los afiliados. Si éste último objetivo se lograra por este medio, ciertamente sería una alternativa razonable a considerar. Con todo, teniendo en cuenta los costos y beneficios esperados de una medida como ésta, a nuestro juicio la balanza se inclina claramente en contra.
Fuente: Centro de Gobierno Corporativo[:]