[:es]El director de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, Carlos Díaz, escribió una interesante columna en el diario La Tercera: «Pensiones: coincidencias y discrepancias».
«Existe bastante coincidencia respecto de la necesidad de mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados, aumentar el límite imponible, subir la tasa de cotización, incrementar la competencia en el sistema, incorporar obligatoriamente a los independientes, mejorar aspectos del sistema de pensiones solidarias, y varios otros temas más que forman parte del diagnóstico y propuestas de los proyectos de ley. Sin embargo, también existen discrepancias de fondo», aseguró el profesor de la Universidad Católica.
El integrante del directorio del Centro de Gobierno Corporativo dijo que «desde un punto de vista económico no se justifica la creación del Consejo de Ahorro Colectivo para administrar los nuevos fondos. Las AFP cuentan con las capacidades y las economías de escala para hacerlo bien y a menor costo».
«Respecto de las comisiones tampoco hay elementos que permitan pensar que cobrarían precios más altos. A lo menos, por los tres puntos porcentuales que irían a la cuenta de cada afiliado el costo sería cero ya que la comisión que cobran es sobre la renta mensual imponible», indicó.
Díaz afirmó que «otro aspecto negativo es que este nuevo organismo estatal será un monopolio donde los aportantes estarán cautivos, independientemente de cuán bien o mal les administren sus fondos. A las críticas anteriores se agregan los riesgos políticos asociados a la conformación de la alta dirección del Consejo y a la gestión de las inversiones».
«La propuesta de aporte solidario intergeneracional si bien logra el objetivo de mejorar las pensiones actuales, presenta serios problemas de focalización, generando efectos redistributivos y de equidad del todo cuestionables. A modo de ejemplo, una persona que tiene una pensión mensual autofinanciada de $300.000 recibirá un aporte de $60.000 por mes, mientras que quien tiene una pensión de $600.000 recibirá $120.000. Más aún, una persona con una pensión de $1 millón igualmente recibirá un aporte de $120.000. Si a esto agregamos que las personas de mayores rentas en general viven más que las personas de bajos ingresos el esquema propuesto es todavía más regresivo», explicó.
El director de la Escuela de Administración UC admitió que «será difícil de explicar también que la mejora en pensiones no se aplique ni a los jubilados del sistema antiguo ni a los beneficiarios de la pensión básica solidaria. Cómo explicar que un adulto mayor pobre, que nunca pudo ahorrar en una cuenta individual, obtenga una pensión básica solidaria mensual de $104.636, mientras que alguien con una pensión de $1 millón obtenga un beneficio de $120.000 por mes».
«El bono compensatorio para las mujeres que se jubilen aborda un problema real, y que requiere de una solución, pero no lo hace del todo bien. Al igual que en el caso anterior, presenta falencias ya que aun cuando existe un tope en pesos para el beneficio, éste se extiende a todas las mujeres, independientemente de su nivel de pensión, y del hecho de que las mujeres de rentas más altas tienen mayores oportunidades reales de postergar su edad de jubilación hasta los 65 años», aseguró.
Díaz reconoció que «el cómo financiar los mayores beneficios también es una materia donde se presentan fuertes discrepancias. El proyecto propone que 2 de los 5 puntos porcentuales en que se incrementaría la cotización obligatoria se destinen al financiamiento de un fondo colectivo».
«Los problemas de esta propuesta son su impacto negativo en el mercado del trabajo, al ser visto como un impuesto al salario, y porque excluye del financiamiento a todas las personas que reciben otras rentas, en particular a las rentas del capital. Desde un punto de vista de eficiencia y equidad, es mucho más conveniente que los nuevos beneficios sean financiados con fondos generales de la nación, que provienen de impuestos que son pagados por todos y no solo por los trabajadores asalariados», finalizó.[:]